Cuando
he conversado con diversos empresarios venezolanos y cubanos en el exilio, perseguidos
por las dictaduras socialistas, la inmensa mayoría lamenta con amargura y
rencor, las expropiaciones de sus empresas, de sus casas, de sus tierras e
industrias, después de años de esfuerzos generacionales, de angustias por la
suerte de sus negocios y de sus empleados, confiscaciones justificadas, según
los tiranos, en aras de la igualdad económica que nunca se dio, ni se dará… A
lustros de distancia todavía se quejan del dolor de haber dejado atrás no solo su
patrimonio, sino a sus familiares y amigos por temor a las represalias. En el
exilio, sin embargo, pudieron reconstruir sus vidas y la estabilidad económica
gracias a la seguridad jurídica y a las oportunidades de expansión en un
mercado global. Se duelen de haber creado bienestar en naciones extranjeras
cuando hubieran deseado hacerlo en la suya. Nunca anticiparon que el sistema
comunista destruiría la economía y las libertades ni superarán una dolorosa
nostalgia por su tierra natal ni podrán sobreponerse a que sus hijos se
hubieran desarrollado fuera de ella, una fuga de talentos inadmisible.
Algunos
reconocen la falta de acción colectiva, la incapacidad de organizarse y de
protestar unidos o separados; admiten haber confiado en exceso en que el
sistema político no los traicionaría, o que la comunidad internacional, o los
Estados Unidos, los rescatarían del desastre, pero la ayuda nunca llegó. El
precio por la cobardía o la resignación les fue muy elevado.
En
México, la iniciativa privada, salvo algunos casos muy dignos y honorables,
contemplaron inmutables el derroche maligno de los impuestos pagados por todos
los mexicanos, en obras suicidas como el Tren Maya, el AICDMX, el AIFA y Dos
Bocas, erogaciones improductivas, cuyos costos infames permanecerán ocultos
dolosamente al escrutinio público. Por si el aberrante despilfarro no hubiera
sido suficiente, el gobierno anterior endeudó al país en términos criminales y
dispuso ilegalmente de los fondos depositados en fideicomisos públicos, entre
otros incontables desfalcos.
Si
el sector empresarial financia nuestro desarrollo, ¿por qué no protesta cuando
una caterva de presupuestívoros malversa ilegalmente los fondos públicos? Si la
actitud inmovilista responde al temor a las represalias, ¿entonces para qué
existen las cámaras empresariales, si no para defender los intereses del
gremio? ¿Cómo entender el silencio ominoso de dichas cámaras? ¿Cómo?
Hoy
mismo, le están dando facultades al INFONAVIT, para que pueda disponer de dos
billones de pesos, (billones) propiedad de los trabajadores, de modo que dicho
instituto pueda invertir temeraria e irresponsablemente los recursos ajenos, en
actividades que a la larga podrían anular las posibilidades de que los obreros
y empleados puedan poseer su propia vivienda. Otro crimen imperdonable.
23 organizaciones sindicales se opusieron a la
destrucción del instituto de la vivienda, al advertir que la desaparición del
tripartidismo quebraría al INFONAVIT. ¿Esa es la idea para apropiarse de los 2
billones de pesos y para proceder más tarde a la confiscación facinerosa de las
AFORES?
El gobierno no podría encarcelar a 30 millones de
compatriotas si estos acordaran no pagar impuestos para defender nuestra
democracia y nuestras instituciones, en ese caso el gobierno arrodillado, ante
un paro nacional de contribuyentes, se vería obligado a volver a imponer la
legalidad. Resulta inadmisible que los mexicanos financiemos con nuestros
impuestos la construcción de una dictadura.
Las cámaras de representación empresariales tampoco
protestaron, cuando Sheinbaum “ganó” los sufragios por medio de una elección de
Estado, al disponer ilícitamente de la recaudación federal y violando cualquier
cantidad de leyes electorales. Dichas cámaras también guardaron silencio cuando
la 4T “ganó” el 54% de las curules en el Congreso de la Unión por medio de un
escandaloso fraude a la Constitución, pero a través de extorsiones, amenazas y
sobornos, se apropió ilegalmente del 75% para hacerse de la mayoría calificada para
poder instalar una dictadura.
A saber, cuántos empresarios mexicanos ya
expatriaron alguna parte de su patrimonio a la espera de huir rumbo a Estados
Unidos o a España, en lugar de luchar con lo que tengan a su alcance para
salvar a México de un caos de consecuencias imprevisibles.